Los educadores tenemos la oportunidad, o mejor, la responsabilidad de rechazar nuestra complicidad al castigo que las estructuras sociales y las relaciones de poder coercitivo que en ellas se establecen infligen sobre los niños. Como educadores, es nuestro deber resistirnos a un currículo educativo prescrito desde el fantasma de la conocida como Ley Moyano de 1857 cuando, bajo un concepto normativo homogeneizador, se segregó por sexo y se pusieron las bases legales para la privatización en manos de la iglesia católica. Una vuelta por la red es suficiente para darse cuenta de la multitud de educadores e infinidad de trabajos de investigación nacional e internacionales que apuestan por un modelo educativo de calidad contrario, “asequible a todos, sin distinción de ninguna clase, en condiciones de igualdad de oportunidades, con garantía de regularidad y continuidad y adaptada progresivamente a los cambios sociales” (PECI, 2011, p. 147).
Después de seis reformas educativas en veinte años (LODE, 1985; LOGSE, 1990; LOPEG, 1995; LOCE,
2002; LOE, 2006, LOMCE, 2013), que los políticos de turno se interesen por lo que investigadores
y educadores tengan que decir se ha convertido en un esfuerzo quijotesco. Las sucesivas políticas han desoído y
convertido sistemáticamente en mofa el
conocimiento de los profesionales de la educación. Si a ello le añadimos la terca incapacidad
de nuestros políticos para llegar a un consenso en educación, el producto final va siendo un proyecto para un sistema educativo
excluyente, donde se refuerzan los mecanismos que fomentan las
desigualdades. Aquello de cometer el mismo error y esperar un resultado diferente.
El viraje de la
LOMCE hacia una forma de entender la educación como evaluación, titulación, y
promoción, su desprecio a “la educación en valores,
ciudadanía e integración” y la ruptura con los lazos sociales que convertían a
las familias y alumnos en agentes activos/participativos responsables de la
estructura de los centros (la LOMCE convierte a los Consejos escolares en mero
órganos consultivos) intensificará más la desigualdad social, perjudicando
obviamente la cohesión social. ¿Qué
sentido tiene hablar de homogeneidad en la sociedad actual, sino es para
retroceder en el tiempo y volver a una ley que etiquetaba, segregaba, y excluía
a los alumnos según sus capacidades?
La contundente
disonancia entre el discurso teórico educativo y los rasgos principales de los
centros y su realidad socioeducativa queda evidente, por ejemplo, en:
a)
El
apartado 3 del artículo 84 de la LOMCE, cuando afirma que “en ningún caso habrá
discriminación por razón de … sexo, religión” para en el párrafo siguiente
legalizar el traspaso de dinero público a los colegios privado-concertados,
católicos en su mayoría, “de educación diferenciada por sexos” (que es la
manera políticamente correcta para referirse a la discriminación por sexo).
b)
El
impulso que el gobierno da a “libertad de elección de los padres” aumenta la
“guetización” de los centros, con el perjuicio que ello conlleva a la calidad
educativa de los centros públicos y el nivel general de cohesión social, tanto
dentro como fuera del centro escolar.
c)
El
proyecto lleva a cabo un encubrimiento de su postura elitista y segregadora con
las sucesivas reválidas y la separación temprana del alumnado con itinerarios
muy cerrados, donde unos consiguen un título que les facilita el acceso al
bachillerato y los otros un certificado.
d)
El
carácter centralista del anteproyecto elimina la autonomía de los centros que
se verán abocados a competir entre sí por los resultados numéricos de unos procesos
externos de evaluación de los objetivos propuestos por el gobierno central. Exámenes que nada tienen que ver con las
evaluaciones o pruebas formativas necesarias para mejorar la enseñanza y el
aprendizaje atendiendo a la diversidad de la clase, sobre todo porque quienes
los corrigen son personal ajeno al centro.
e)
Etc.
Se percibe también una contradicción entre el modelo
de la LOMCE y los Objetivos de la Educación para la década 2010-2020 a escala
europea y el Plan Estratégico para la Ciudadanía e Integración (PECI) 2011-2014
del Ministerio de Trabajo e Inmigración español. Es una suerte de diálogo entre besugos cuyo
resultado llevará a España a contribuir mano de obra barata al resto de la
Europa del Norte. El gobierno ha
decidido hacer oídos sordos al acuerdo europeo por el fomento de la
investigación, la lucha contra la exclusión y por la sostenibilidad en el
terreno educativo. Se ha desentendido de
los objetivos del PECI para la “gestión de la diversidad… la consecución de la
igualdad de oportunidades, la mejora de la convivencia frente a la mera
coexistencia” (p. 5). Ha optado por implantar un sistema que asume que un único
resultado numérico es reflejo preciso del progreso académico, pero que no ha
incidido en una mejora de la capacitación profesional y los métodos de
instrucción que, a mi entender, en el contexto actual son reflejo de las
prácticas docentes pasadas, ineficaces en el siglo de las nuevas
tecnologías. En lugar de hacer atractivo
el proceso de aprendizaje, se culpabiliza al chaval por la falta de la cultura
del esfuerzo mientras se suscita a que el docente le sirva a un chaval
desmotivado el contenido del examen en la bandeja de la memorización. Mucho me
temo que, presionados porque los chavales pasen las distintas reválidas, los
docentes pasen gran parte de los 175 días enseñándoles truquillos para que sepan
que burbuja rellenar.
Por último, poco se ha publicado sobre los futuros
efectos de la LOMCE en la población inmigrante.
Si es cierto que el proyecto da marcha atrás en el concepto de la
atención a la diversidad. La primera
inclusión al inmigrante en la normativa educativa surgió en 2002 con la LOCE
(reflejando el incremento de los flujos migratorios), donde era incluido/a en
el grupo de educación especial. La LOE
(2006) agrupaba a todos los chavales en el concepto de atención a la diversidad,
dando un paso muy necesario en el reconocimiento de la educación de calidad
como derecho constitucional. La LOMCE,
por otra parte, da marcha atrás al optar por interpretar diferencia por déficit
y al eliminar los programas de diversificación curricular según fueron
entendidos por la LOE, para reducirlos a meras pruebas evaluativas y/o el
castigo de repetir curso sin poner las condiciones básicas previas para superar
las diferencias y prevenir el fracaso escolar.
De nuevo una señal inequívoca de una ideología homogeneizadora y
discriminadora, que pone el provecho mercantil por encima del desarrollo humano,
integrador y cívico.
Allí donde se han implantado políticas educativas de
este tipo se ha incrementado de forma
exponencial la desigualdad en el acceso a una educación de calidad. En el ámbito social, económico, y político
esto se convierte en una población acrítica y pasiva, abocada a culpabilizar a
la víctima, perpetuando estereotipos sobre la propia identidad de las personas. Los recortes sociales, en sanidad y
educación e investigación, los cambios
propuestos por Gallardón, la pérdida progresiva de los derechos de los
trabajadores, las subidas del IVA, el
incremento de los despidos y los contratos basura, las trabas del sistema para
encarcelar a los poderosos corruptos y chorizos, la privatización de
hospitales, la LOMCE, etc. son las piezas del puzle de una estructura social capitalista con reflujos de nuestro represivo pasado,
basado en un intervencionismo pleno del gobierno central excepto a bancos y los
mercados, a quienes el gobierno se muestra servil.
Bibliografía
Ministerio de Trabajo e Inmigración. (2011). Plan
estratégico de ciudadanía e integración 2011’2014. Ministerio de Educación, Cultural y Deportes. Retrieved from http://servidormanes.uned.es/cursomed/Experto%20mediacion%20intercultural/Materiales/Modelo%20introductorio/Materiales%20generales/mintrabajo_2planestrategico2011-14.pdf
Ministerio de Educación, Cultura, y Deportes.
(2011). Anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa. Retrieved
from http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/dms/mecd/ministerio-mecd/servicios-al-ciudadano/participacion-publica/lomce/20120925-anteproyecto-LOMCE.pdf
Objetivos de la Educación para la década 2010-2020 [recurso electrónico]: Plan de acción 2010-2011.- Madrid: Ministerio de
Educación, 2010. Retrieved from http://www.mecd.gob.es/dctm/ministerio/educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/servicio-formacion/2011-objetivos-educacion-decada-2010.pdf?documentId=0901e72b80dca7f6
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